La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 prevé sacar a concurso el nuevo concierto de ambulancias en la comunidad a finales de año, cuando inicialmente estaba previsto para antes del verano. Un portavoz del 061 indicó que el horizonte temporal que se maneja es el de finales del 2014, un escenario que también se apunta ahora desde la patronal del sector, la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam).
Desde la fundación no se ofreció ningún detalle sobre las condiciones económicas y técnicas del concurso, que si no hay cambios sobre el actual planteará una adjudicación por cuatro años, prorrogables otros cuatro. La renovación del concierto es un trámite esperado por las empresas y, sobre todo, por los trabajadores. También los sindicatos se muestran vigilantes ante los movimientos registrados en un sector muy convulso y que se está quedando cada vez en manos de menos compañías.
En la provincia de Pontevedra, el 061 cuenta con 23 bases. Están ubicadas en A Cañiza, A Estrada, A Guarda, Arbo, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Lalín, Marín, Moaña, Nigrán, O Grove, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Portonovo (Sanxenxo), Redondela, Silleda, Tui, Vigo y Vilagarcía de Arousa. En la comarca de Pontevedra, Marín no hace guardias nocturnas.
Desde la órbita sindical se apunta directamente al conflicto laboral vivido en Transa, concesionaria del servicio del 061 en Pontevedra, Marín y Bueu, como uno de los motivos del retraso en la convocatoria del concurso. La antigua empresa de Benito Mirazo fue comprada por Ambulancias do Salnés en plena huelga de la plantilla.
La entrada de los nuevos dueños puso fin a un paro que se prolongó durante más de cinco meses y que incluyó actos vandálicos. Al margen del pinchazo de ruedas de ambulancias, el más grave fue la quema de dos coches en Pontevedra y Bueu durante la misma madrugada del pasado 12 de enero. En el caso de la capital ardió la única ambulancia medicalizada que estaba de guardia, mientras que en Bueu fue la asistencial la que quedó inutilizada. No hubo detenidos por estos hechos, que criticó tanto el comité de empresa como la patronal.
Los sindicatos vienen reclamando al 061 que ejerza un mayor control sobre las concesionarias. En el caso de Transa, llegaron a solicitar el rescate de la concesión ante los «reiterados incumplimientos» en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, algo que motivó la intervención de la Inspección de Trabajo. La postura de la fundación pública fue la de aludir siempre a que se trata de conflictos laborales entre una empresa privada y sus empleados.